El Reglamento de la UE sobre taxonomía impulsa las finanzas sostenibles, pero plantea retos para tu equipo de finanzas. Necesitas una clasificación precisa de las actividades sostenibles para cumplir los requisitos de cumplimiento, pero te enfrentas a reglas, umbrales y plazos en constante cambio. La recogida de datos en los distintos departamentos genera ineficiencias.
Esta guía explica cómo clasificar las actividades económicas, cumplir las novedades normativas y optimizar los procesos de presentación de informes mediante la automatización.
Novedades clave sobre el Reglamento de la UE sobre taxonomía
Iniciativa Ómnibus I: alcance reducido
La Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) y el Reglamento de la UE sobre taxonomía se centran ahora en las empresas más grandes y, así, ajustan los umbrales relativos al número de empleados y a la facturación. Dado que, según la Iniciativa Ómnibus I, la presentación de informes de sostenibilidad se limita ahora a las empresas con más de 1000 empleados y una facturación neta superior a 450 millones de euros durante el ejercicio. Solo estas empresas están obligadas a presentar un informe de acuerdo los requisitos del Reglamento sobre taxonomía.
Estos cambios dan prioridad a la necesidad de transparencia por parte de las entidades con mayor impacto medioambiental.
Directiva Stop the Clock: ampliación de los plazos
Las entidades de las fases 2 y 3 disponen de dos años adicionales para prepararse para sus obligaciones de presentación de informes. Esta prórroga da tiempo para reforzar los procesos de recogida de datos antes de las primeras divulgaciones en virtud de la CSRD y la taxonomía. Además, las entidades de la fase 2 y la fase 3 que no superen los nuevos umbrales de información quedan totalmente excluidas del ámbito de aplicación de los informes de sostenibilidad según la CSRD.
Reglamento Delegado (UE) 2026/73: requisitos simplificados
Esta actualización agiliza la presentación de informes al aclarar determinados criterios de «No causar perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH)» e introducir normas para excluir de las evaluaciones las actividades no significativas, lo que reduce las cargas administrativas.